El pasado 11 de marzo se cumplieron diez años de la recordada Resolución 125 del gobierno nacional presidido por Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que esa medida sólo intentaba profundizar las retenciones al campo, más allá de que se promocionara como un mecanismo casi perfecto de redistribución de la renta y con impactos invisibles.

Obviamente que eso no es cierto, pero el fracaso de la puesta en marcha de esa idea no frenó al gobierno en su embestida contra los productores. Con un discurso de barricada, agresivo e ignorante, intentaron enfrentar al pueblo con los productores y trabajadores agropecuarios; los trataron de hacer responsables de la inflación; de los problemas sociales; entre otros males de entonces.

Ahora bien, resulta necesario rememorar que más allá del combate psicológico, en lo real también se profundizó el ahogo al campo a través de una ingeniería de impuestos. También es ilustrativo recordar que quienes fomentaron la siembra directa como un método de recaudación feroz y de producción moderna y eficaz para conseguir rindes similares a los del mundo entero, hoy tratan a los mismos productores como amenazas al equilibrio ambiental.

La ceguera era tan grande que hubo reducciones a las exportaciones de origen agropecuario, y controles internos vías precios y cantidades. Semejante retroceso trajo la pérdida de mercados de exportación que quedaron en manos de otros países. La demonización del campo fue un boomerang ya que el empleo industrial se mantuvo estancado y las medidas estatales frenaron uno de los sectores que más mano de obra otorga en el país directa e indirectamente, como es el sector agropecuario.

La diferencia entre pérdidas y ganancias del sector agropecuario muchas veces depende de situaciones exógenas (políticas, clima, escenario mundial). En este marco, el campo no siempre gana, ni nada parecido. Pero son las reglas de juego históricas y la adaptación es una cuestión de supervivencia.

Lo que es inaceptable y por ello el reclamo general de las entidades que representan a los productores, está dado por el cambio de reglas de juego, sin mediar aviso, sin dar lugar a un proceso de adaptación, de reconversión productiva. Esto es lo que acaba de suceder con la prohibición del uso de fitosanitarios en las 17 mil hectáreas de nuestra zona rural.

Acá no se trata de hablar de las bondades del glifosato u otros fitosanitarios necesarios para la siembra directa. Porque estamos discutiendo otra cosa, hablamos de producir con los cuidados que marca la ley en los campos, no en el medio de una plaza. Igualmente, cabe indicar que el glifosato no está prohibido ni en Europa ni en Estados Unidos como se dice a menudo sin ningún rigor.

Entendamos que el campo no es sólo soja, pero todas necesitan de la siembre directa; trigo, maíz, pasturas para ganadería, etc. Es el modelo elegido por el país y por el mundo, no por los productores. Hoy no es posible, en este marco productivo-impositivo, hacerlo de otro modo.

En este escenario, donde el mismo Estado Municipal que prohíbe no ofrece alternativas, resulta menester articular medidas de protección, de salvataje, de acuerdo a la ley y siempre en el más profundo respeto de las normativas productivas, sanitarias y legales de la provincia y del país. En estas horas, los productores analizamos salidas a esta encrucijada, más allá de que nos gustaría que las soluciones las buscáramos en conjunto con la Municipalidad.

Por último, de algo estamos plenamente convencidos: todo lo que hagamos estará en estricta consonancia con el cuidado del medio ambiente, la salud de los gualeguaychuenses y el marco legal vigente en la República Argentina.

 Mesa de Enlace Gualeguaychú