Fue en una charla realizada en La Rural. Se abordó la Ley de Plaguicidas, el uso correcto de los agroquímicos y las consecuencias legales por el no cumplimiento de los protocolos de aplicación. El caso de la escuela fumigada fue clave para el avance.

En un evento organizado por la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Gualeguaychú se realizó un abordaje global en lo que respecta a la Ley de Plaguicidas y uso de Agroquímicos, donde las entidades relacionadas con el campo concluyeron que el productor debe tener una responsabilidad total en el cuidado del medioambiente.

El foro fue presenciado también por miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que manifestaron irse del mismo con las expectativas colmadas: “Se dio un paso gigante para juntos concretar objetivos que beneficiarán a toda la sociedad. Dejar de negar que se trabaja con productos tóxicos es un avance que nos permite sentarnos a coordinar un sistema de producción amigable con el medio ambiente”, manifestó Martín Alazard, integrante y vocero de la Asamblea.

Gran parte de la exposición estuvo a cargo de la ingeniera agrónoma Gabriela Zermatten quién focalizó su charla en el uso correcto de agroquímicos y las consecuencias legales que puede acarrear el no cumplir con los protocolos de aplicación.

“La Ley provincial de plaguicidas está vigente y se debería estar cumpliendo a rajatabla”, puntualizó la ingeniera, quién pidió que los controles sean estrictos, particularmente en el caso de los Municipios: “Son los que deben velar por la salud de los ciudadanos cuidando el medio ambiente y los recursos naturales de cada lugar”

Zermatten, además, destacó como de vital importancia que las intendencias cuenten con un ingeniero agrónomo para poder ejercer un control real en las fumigaciones: “Son los más formados en plaguicidas. Y cada  municipio debería tener uno porque están capacitados para saber leer e interpretar una receta agronómica, y que cada vez que salga al campo sepa  que controlar y no como ahora, que el cumplimiento a la ley pasa en gran parte por la confianza y la buena predisposición de los productores y aplicadores”.

Según las normas, los productores tienen que trabajar con máquinas habilitadas y con las recetas correspondientes, que deben presentar en municipios o juntas de gobierno o en el puesto policial más cercano. “Todos los equipos, autopropulsados y de arrastre, deben estar inscriptos, al igual que las aeronaves”, remarcó antes de poner énfasis en un punto que puede parecer obvio pero que en la realidad no se aplica: “Fundamentalmente, deben dar aviso a los vecinos cuando van a fumigar”.

Además, la ingeniera recordó que la legislación marca que “en cursos de agua, viviendas rurales y establecimientos apícolas, la distancia tiene que ser de cincuenta metros para las aplicaciones terrestres, en las áreas es de cien metros y en los centros poblados la distancia tiene que ser de tres mil metros y sin aplicación aérea”.

La respuesta del campo

Luego de la exposición, José Colombatto, presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, aseguró que aquel productor que haga las cosas mal no será defendido por la entidad que dirige: “No puede ser que por la gente que haga las cosas mal tengamos que pagar todos”, remarcó.

Por su parte, el titular de la filial Gualeguaychú de Federación Agraria Matías Martiarena manifestó que “este es un tema que nos compete a todos y que no tiene bandería gremial o política”.

“El productor es actor directo del medio ambiente, y por lo tanto debe cuidar lo que hace”, acotó el dirigente agrario y agregó: “Lo que tiramos en el suelo no es agua bendita, razón por lo cual tenemos que hacer un uso responsable del mismo”, sostuvo antes de admitir que se debería discutir el actual modelo agropecuario.

Por último, Walter Feldkamp  de la Sociedad Rural Argentina dijo que están preocupados y ocupados en el tema. “Nuestra postura quedó clara en las audiencias públicas que se llevaron a cabo en 2016, cuando estuvimos a favor de una nueva ley  para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, que esperemos que sea aprobada ya que la misma no solo implica obligaciones sino también derechos”.

El caso que sentó precedente

Durante el evento se mencionó el hecho que marcó un antes y un después en el uso de agroquímicos en Entre Ríos: la condena a tres personas por parte del Tribunal Oral de Concepción de Uruguay por la fumigación de agrotóxicos sobre una docente y sus alumnos de la Escuela Rural Nº44 de Santa Anita.

El presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez; el dueño del campo que contrató el servicio, José Mario Honecker; y el piloto César Martín Visconti fueron condenados a un año y medio de prisión.

 

Fuente: Diario El Día – Fabián Miró